Dictadura constitucional

Feb 5, 2024

Dictadura constitucional

Por Roberto López La acertada visión de Noboa unió al país en una causa común, considerando además, que quienes combaten el terrorismo -o sea, las FFAA- debían tener la seguridad de que si no caen en la batalla librada en las calles, tampoco perderán la vida en una celda a manos de una gavilla de […]

Por Roberto López

La acertada visión de Noboa unió al país en una causa común, considerando además, que quienes combaten el terrorismo -o sea, las FFAA- debían tener la seguridad de que si no caen en la batalla librada en las calles, tampoco perderán la vida en una celda a manos de una gavilla de delincuentes. Para eso envió una pregunta que impide ir a prisión a los miembros de las FFAA que actúan en los operativos.

La corte la negó. Es que Correa le quitó el poder de gobierno al presidente -que ahora solo administra- y lo transfirió al poder judicial ejercido por la CC; lo cual destruye el sistema de gobierno  “presidencial” haciéndolo “judicial”.¿Era necesario darle tal poder a una Corte o esta fue la forma de mantener el control desde un celular en Bélgica? 

LFC, Durán Ballén y Alarcón gobernaron sin pedirle permiso a nadie. Hicieron sus consultas sin arrastrarse ante ningún tribunal que “dictamine” nada. Y dado que el sistema presidencial es un sistema de separación -pero también de coordinación- de poderes (Stahmen, 1975), hubieran podido resolver cualquier problema diciendo a su dirección jurídica “A ver chicos, vayan a la corte y coordinen las preguntas” y lo  resolvían. Hoy eso es imposible, pues lo que destruye el sistema, es el omnímodo poder de la CC para IMPEDIR una decisión presidencial. 

Y no es necesario. Podrían sentarse a trabajar juntos si antepusieran el país a su ego. Es posible coordinar el trabajo entre ambas funciones cuando uno deja de sentirse la quintaesencia de la juridicidad. Gracias a las insólitas “interpretaciones” de la CC -entre otras- Glas y Salcedo salieron libres por un Hábeas Corpus que -según la Constitución- es concedido por una Corte Provincial y no por un juez. Y que el país deba aumentar el IVA mientras por otro lado pierde 1,300 millones anuales por la consulta del Yasuní, es un monumento a la irresponsabilidad.

Loewenstein enseña que donde el poder no está limitado se excede. He aquí la prueba.

¿No ha llegado el momento de terminar esta dictadura constitucional de la Corte y volver al Tribunal Constitucional de antes? 

Hay que hacer una nueva Constitución.



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